Los jueces de España y Portugal rechazan la intromisión política

El I Congreso de jueces de España y Portugal, emitió un documento en defensa de la independencia judicial y calificó de 'inadmisible' la intromisión de los otros poderes del Estado en su labor.

La primera reunión de este tipo organizada por las cinco asociaciones de jueces de la península (cuatro españolas y una lusa) reunió a más de un centenar de magistrados y fue clausurada por los presidentes del Tribunal Supremo de los dos países, que exaltaron la independencia judicial como base de la democracia.

En la reunión se criticaron los intentos de los políticos por influir en los jueces o convertirlos en 'funcionarios' sometidos al poder ejecutivo, aunque también se censuró la actitud de los magistrados que ponen en peligro su independencia por ambición o para agradar a los poderosos.

El presidente del Tribunal Supremo español, Francisco José Hernando, destacó en declaraciones a los periodistas la importancia de los debates y las conclusiones aprobadas y consideró que en materia de independencia judicial 'España está a la cabeza de muchos países europeos'.

En el acto de clausura de la conferencia, Hernando afirmó que la independencia 'es una garantía constitucional para que el juez no dependa de nadie y sólo tenga que obedecer a la ley', pero también 'una garantía ciudadana que arraiga en lo mas profundo de la democracia'.

Su homólogo portugués, Luis Antonio Noronha, llamó además la atención sobre la responsabilidad del juez y subrayó que debe mantenerse limitada a los errores más graves contemplados en la legislación y ser siempre confirmada por las máximas instancias jurídicas.

El documento de conclusiones del congreso fue aprobado por unanimidad, aunque con una observación de la asociaciones española Jueces para la Democracia (JpD), en lo relativo al autogobierno, nombramiento y tutela de los magistrados através de sus consejos generales y con independencia de los demás poderes del Estado.

Un representante de JpD puntualizó que su entidad entendía que la redacción acordada en el documento se refiere a la 'participación' de los jueces en ese proceso.

El documento final del congreso judicial ibérico afirmó que resulta 'inaceptable la funcionarización y politización de los jueces' y abogó por el acceso profesional a los distintos grados de la jurisdicción y por que el Poder Judicial tenga el papel decisivo en la selección, formación y evaluación de los magistrados.

Al mismo tiempo, rechazó la 'politización de la judicatura y la participación de los jueces en actividades político-partidarias' y que los magistrados puedan estar sujetos a órdenes u orientaciones de otros jueces.

El Congreso consideró además 'esencial' la autonomía administrativa y financiera judicial y pidió un nivel económico 'adecuado' para el juez, tanto cuando esté en activo como jubilado.

La responsabilidad del magistrado debe limitarse también, según el texto, a dolo o culpa grave y ser exigida siempre en primer lugar al Estado y previa autorización del Consejo del Poder Judicial.

En relación a la independencia de los jueces el presidente del Tribunal Supremo español declaró que 'en España la justicia es independiente, pese a lo que se dice', aunque matizó que 'otra cosa es que se quieran atribuir determinados sesgos como consecuencia de la procedencia ideológica de los jueces'.

Hernando agregó que en su experiencia de 25 años en la carrera judicial nunca había recibido 'una indicación, no ya una presión, de lo que tenia que hacer y he tomado -subrayó- decisiones muy trascendentes'.

El congreso, que tendrá el año próximo una segunda edición en España, fue celebrado en la sede del Tribunal Supremo luso y organizado por la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y el Foro Judicial Independiente, por parte de España, y de la Asociación Sindical de Jueces, por parte de Portugal.

In Terra Actualidad - EFE.